Responsabilidad penal

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Algunas consideraciones en torno a la regulación de las bandas juveniles en la Ley Orgánica 8/2006

Frente a las no pocas reformas introducidas a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal Juvenil, a finales del 2006 se aprobó la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre. Razonadamente la doctrina ha criticado la multiplicidad de reformas introducidas, en el corto tiempo que lleva vigente, una ley que en principio tenía una vocación de definitiva.

Intervención de las comunicaciones telefónicas en España

Uno de los principios de un proceso garantista es la presunción de inocencia, que solamente puede ser alejada cuando la parte acusadora produzca pruebas de cargo de la responsabilidad penal del imputado. Una de estas pruebas puede venir de una previa interceptación telefónica. Ocurre que una intervención telefónica puede generar una limitación al derecho de secreto de las comunicaciones, entonces un equilibrio entre los derechos fundamentales debe ser alcanzado.

A propósito de la demandada reforma de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores

Siete años han pasado desde la publicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y cinco modificaciones la contemplan, algunas de ellas como consecuencia de trágicos sucesos que llevaron a su reforma antes, incluso de su entrada en vigor en enero de 2001. Así es, los tristemente conocidos como “crimen de la catana” y como el “crimen de San Fernando”, alcanzaron tal nivel de notoriedad en los medios de comunicación, que dio lugar a una sensación de impunidad frente a comportamientos graves cometidos por menores.

Tendencia al delito de los menores desamparados. Un estudio criminológico en la provincia de Pontevedra

El objeto del presente trabajo es realizar un estudio teórico-empírico acerca de la responsabilidad penal de los menores, pero centrándonos en un aspecto concreto de la misma, que es la influencia que puede existir entre la situación de desamparo de un menor y su tendencia a cometer infracciones penales. El tema de la responsabilidad penal de los menores es desde siempre polémico y delicado, entrando múltiples intereses en conflicto y apareciendo problemas nuevos, o quizás que no lo son tanto, pero que entran de golpe en la conciencia social a través de ciertos casos mediáticos, como ocurre con el acoso escolar (bullying en la extendida terminología anglosajona).

La necesaria implementación de una política de Compliance por las empresas

05 de septiembre de 2014 Noticias Compliance

La anunciada reforma del Código Penal, que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas que no hayan establecido mecanismos internos que eviten la comisión de delitos por sus empleados o directivos, ha puesto de máxima relevancia la figura de la implantación de estos mecanismos y políticas internos, generalmente conocidos como política de Compliance o Cumplimiento normativo.

Caralin Group implementa en las compañías programas de vigilancia y control para evitar su responsabilidad penal

29 de noviembre de 2013 Noticias Caralin Group

Tras la reforma del Código Penal de diciembre de 2010 las empresas pueden ser responsables de hasta 25 delitos diferentes y sus administradores y representantes legales ser condenados a penas de prisión e inhabilitación, si no hubieran puesto en marcha las medidas preventivas para evitar la comisión de esos delitos. Caralin Group ofrece sus servicios profesionales para la implementación de procesos que sirvan de prueba ante el Tribunal y permitan eximir de responsabilidad penal, tanto a sus empresas clientes, como a sus directivos.

El Parlamento Europeo pide que los delitos de violencia por motivos racistas y xenófobos sean objeto de sanciones penales

22 de junio de 2007 Noticias PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo ha aprobado un informe que defiende que los delitos de odio y violencia por motivos racistas se incluyan en el ámbito de la responsabilidad penal. Los diputados también "reconocen" que algunos Estados han tipificado como delitos la negación del genocidio y los crímenes contra la humanidad. Además, consideran necesaria la cooperación judicial entre Estados miembros para perseguir comportamientos racistas y xenófobos.